Eran cinco detenidos
Intento de toma de comisaría en Contamana tras orden de internamiento de acusados por violación
Pobladores enfurecidos lanzan piedras y botellas a las autoridades durante el traslado de detenidos a Pucallpa.
Contamana / Ucayali Loreto.- Un tenso episodio se vivió en la ciudad de Contamana cuando varios pobladores intentaron tomar la comisaría local en un esfuerzo por recuperar a cinco personas detenidas, acusadas de violación sexual, a quienes un juzgado ordenó su internamiento en el penal de Pucallpa.
La policía, en colaboración con infantes de la Marina de Guerra, se esforzó por trasladar a los detenidos hasta el aeropuerto de la ciudad, donde un avión de la Policía Nacional los esperaba para llevarlos a Pucallpa. Sin embargo, los airados pobladores continuaron su camino hasta el terminal aéreo, arremetiendo con piedras y botellas contra las autoridades del orden.
El Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Contamana había resuelto fundado el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva contra Maicool Cheston Campos Silvano, Juan Luis Chamchari Tamani, Jack Andrés Rengifo Flores, Danny Luy Mendoza Ojanama y Sniper Stick Baldeón Gonzales, todos ellos de 20 y 21 años, quienes están bajo investigación por presuntamente violar en grupo a una adolescente de 17 años.
De acuerdo con las investigaciones, el 9 de julio, la víctima se encontraba con amigos en un local de Contamana, donde consumían licor. Cerca de las nueve de la noche, se dirigieron a un hospedaje donde, presuntamente, la obligaron a beber whisky y luego se habrían turnado para cometer el abuso sexual. A pesar de sus súplicas de ser liberada y llevada a su hogar, sus agresores hicieron caso omiso.
Después de un enfrentamiento con la población, la policía logró abordar a los cinco detenidos en el avión con destino a Pucallpa, donde se llevaron a cabo las diligencias de ley correspondientes en el Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público.
Los acusados fueron finalmente trasladados al penal de Pucallpa, donde permanecerán de manera preventiva hasta abril de 2024 mientras continúan las investigaciones. La situación ha generado una profunda indignación entre la comunidad y plantea desafíos para las autoridades en la búsqueda de justicia y seguridad en la región.
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