Una vez más fracasan abusos judiciales de las Ongs contra Ocho Sur
Pucallpa.- Mediante una resolución la jueza del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima puso fin a una nueva acción legal sin ningún sustento, impulsada por las ONGs Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Instituto de Estudios Forestales Ambientales Kené (KENÉ).
Estas organizaciones, junto a otras aliadas, interpusieron una acción de amparo contra la palmicultora Ocho Sur de Ucayali, alegando que la empresa estaría causando daños al medio ambiente, reiterando acusaciones anteriormente desestimadas en sede judicial.
En este caso, la resolución del Poder Judicial declaró nulo todo lo actuado y dio por concluido el proceso, considerando fundados los argumentos de defensa presentados por Ocho Sur. (Cabe señalar que esta decisión tiene firme sustento en lo previsto en el Código Procesal Constitucional).
“Una vez más, la legalidad con la que opera nuestra empresa y su respeto a la sostenibilidad medioambiental y social, han quedado confirmados a través de una sólida decisión judicial”, señaló Michael Spoor, gerente general de la empresa dedicada a la producción sostenible de productos y derivados de la palma aceitera en Ucayali.
Asimismo, hizo un llamado a las organizaciones demandantes para que cesen de atacar a Ocho Sur y que empleen sus recursos en acciones que contribuyan a generar mejores oportunidades de vida para la población ucayalina, exhortándolas a trabajar juntas para revertir la masiva deforestación que afecta a la región producto de la terrible situación económica que aqueja a miles de peruanos en la Amazonía.
El alto directivo de la palmicultora remarcó que la pretensión de los demandantes estaba orientada a desacreditar a la empresa, acusándola de haber vulnerado los derechos de gozar de un medio ambiente sano, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad.
“Lo cual, además de ser falso, no reconoce las buenas prácticas que estamos implementando en pro de la sostenibilidad de la Amazonía y de la sana convivencia con las comunidades vecinas, en especial, con las comunidades nativas, basada en el respeto a sus costumbres y decisiones autónomas”, enfatizó Michael Spoor.
Igualmente, sostuvo que estas acusaciones reiteradas de IDL y KENÉ no son nuevas y en ningún momento han sido amparadas por los jueces, quienes las han desechado en múltiples ocasiones, dada su falta de fundamento.
Precisó que ciertas ONGs, habrían creado un “modus operandi”, abusando del sistema judicial para interponer demandas sin sustento contra Ocho Sur con el único fin de dañar la imagen de la empresa, afectándola en su reputación y en la relación con sus clientes, solo con la finalidad de poder captar millonarios recursos del exterior, para continuar con conflictos que ellos fabricarían y que sólo beneficiarían económicamente a estas mismas organizaciones.
Finalmente, Michael Spoor reafirmó que Ocho Sur ha permitido que, alrededor de sus dos mil trabajadores se incorporen a la formalidad, a través de empleos dignos y bien remunerados; y que, de igual forma, con su política de responsabilidad social, miles de ucayalinos en zonas muy alejadas, cuenten ahora con mejores prestaciones de salud, educación, caminos, agua potable y otros servicios.
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