Ante el Defensor del Pueblo
Comunidad indígena denuncia en Lima a ONGs IDL y FPP por violación de derechos humanos
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, recibió en su propio despacho a los pobladores y líderes de la comunidad originaria Santa Clara de Uchunya de la región Ucayali.
Lima.- Una delegación de la etnia shipibo-konibo llegó a Lima para sostener una reunión con el Defensor del Pueblo, para denunciar a las ONGs Instituto de Defensa Legal (IDL) y Forest People Program (FPP), por vulneran sus derechos humanos al usar su nombre sin la autorización de su población y sin respetar su autonomía constitucional.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, recibió en su propio despacho a los pobladores y líderes de la comunidad originaria Santa Clara de Uchunya del departamento de Ucayali, quienes acusaron en un documento oficial a estas ONGs de estar presentando constantemente información falsa sobre la realidad en que vive su población.
Los miembros de la delegación shipibo-konibo manifestaron su total rechazo a las ONGs IDL y FPP por abusar de sus derechos humanos al no respetar su autonomía constitucional, a las autoridades y sus pobladores, así como usar el nombre de la comunidad sin consentimiento y perseguir y criminalizar a sus comuneros por no seguir sus órdenes.
Los líderes originarios aseguraron a Gutiérrez Cóndor que estas ONGs hacen continuamente denuncias falsas creando conflictos inexistentes con ciertas personas que tampoco los representan, con el propósito de recibir dinero de la cooperación internacional para supuestamente defender a la comunidad; sin embargo, ese dinero se queda en esos organismos y sus operadores.
El Defensor del Pueblo tras el dialogó con los representantes de la delegación shipibo-konibo, recibió la documentación oficial de la denuncia, asegurando que sería su voz ante la comunidad internacional.
Por su parte, Wilson Barbarán Soria, jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, alertó a las autoridades nacionales e internacionales a no dejarse sorprender y pidió ayuda para detener los abusos de estas ONGs, amparándose en su legítimo derecho de vivir en paz.
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