Yarinacocha.- El pasado miércoles 24 de abril, la tranquilidad de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali, se vio interrumpida por un acto de violencia contra un defensor ambiental destacado. La vivienda del vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y líder del pueblo Shipibo-Konibo, Miguel Guimaraes Vásquez, fue el blanco de un ataque perpetrado por personas desconocidas.
El hecho no solo dejó daños materiales, como puertas forzadas y ventanas quemadas, sino que también sembró el miedo y la incertidumbre en la comunidad al escribir un mensaje amenazante en una de las paredes del inmueble ("No vive").
Además, los responsables no dudaron en llevarse las pertenencias del defensor ambiental, sumando un acto de robo a la agresión.
Es importante destacar que al momento del ataque, Guimaraes Vásquez regresaba al país tras participar en la Tercera Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, en Santiago de Chile.
Este suceso revela la gravedad de la situación, evidenciando que la defensa del medio ambiente y los derechos indígenas sigue enfrentando obstáculos y peligros latentes.
Ante este acto de violencia sistemática, Aidesep, representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades nativas del país, emitió un pronunciamiento exigiendo justicia y protección para los defensores indígenas.
La asociación instó al Ministerio Público a iniciar una investigación inmediata para identificar a los responsables del ataque y recopilar pruebas contundentes.
Además, Aidesep solicitó al Ministerio del Interior implementar medidas de seguridad personales para Miguel Guimaraes y su familia, así como una coordinación efectiva con las dependencias policiales para garantizar la protección permanente del líder indígena.
En este sentido, también hizo un llamado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para activar el mecanismo intersectorial de protección de personas defensoras de derechos humanos, asegurando una colaboración estrecha con las organizaciones indígenas y las entidades estatales competentes.
La comunidad espera que las autoridades tomen acciones concretas y efectivas para prevenir nuevos ataques y proteger la vida e integridad de quienes defienden los derechos colectivos y los territorios ancestrales frente al avance de actividades ilícitas.
La lucha por la justicia y la seguridad para los líderes indígenas continúa en medio de desafíos y amenazas persistentes.