Alcalde exige soluciones a demandas históricas de provincia

Lima.- El alcalde de la Municipalidad Provincial de Atalaya, Francisco de Asís Mendoza de Souza, ha elevado un clamor urgente al Gobierno nacional, enviando documentos oficiales que recogen las demandas del Comité de Autodefensa OWAYERITE y diversas organizaciones sociales que mantienen una paralización en la ciudad.

Este memorial, con 14 puntos clave, fue remitido a la presidenta Dina Boluarte, al premier Gustavo Adrianzén, al presidente del Congreso Eduardo Salhuana y a ministros de sectores como Transportes, Energía, Salud, Interior y Educación, entre otros, exigiendo soluciones a problemas históricos que aquejan a la provincia.

Atalaya, conocida por su producción de café, cacao, plátano, maíz, frejol y yuca, enfrenta una crisis profunda debido al abandono estatal, según denunció el alcalde Mendoza de Souza.

La falta de infraestructura adecuada, como el mal estado de la carretera Atalaya-Puerto Ocopa, dificulta el traslado de productos a otros mercados, golpeando la economía local.

A esto se suma la vulnerabilidad de 10 etnias indígenas, cuya cultura está en riesgo por la ausencia de políticas públicas efectivas. La paralización en la ciudad refleja el hartazgo de la población ante años de promesas incumplidas.

Entre las demandas más urgentes destaca el asfaltado de la carretera Atalaya-Puerto Ocopa, esencial para conectar a los productores con el comercio exterior.

También se exige la electrificación de comunidades, la distritalización de tres centros poblados y la titulación de tierras para comunidades nativas, un reclamo histórico que busca garantizar seguridad jurídica a los pueblos originarios.

Otro punto crítico es el cumplimiento de compromisos del Consorcio Camisea, que opera en la región pero no ha respondido plenamente a las expectativas de desarrollo local.

El memorial subraya la necesidad de atención inmediata en salud, educación y ambiente, sectores donde Atalaya presenta carencias significativas.

Mendoza de Souza enfatizó que, pese a su riqueza agrícola y cultural, la provincia sigue rezagada por la indiferencia de las autoridades nacionales. Los documentos enviados buscan presionar a Lima para que se instalen mesas de diálogo y se concreten soluciones, evitando que la protesta escale aún más.

La gestión del alcalde se ha convertido en un puente entre la ciudadanía y el Ejecutivo, canalizando el descontento de un pueblo que exige ser escuchado.

La paralización, respaldada por el Comité de Autodefensa OWAYERITE, evidencia la unidad de las organizaciones sociales en torno a estas demandas, que no solo afectan a los productores, sino también a las comunidades indígenas que luchan por preservar su identidad.

Este conflicto pone en el foco la necesidad de una respuesta rápida del Gobierno de Dina Boluarte, que enfrenta el desafío de atender a una región estratégica pero marginada.

La pelota está ahora en el tejado de las autoridades nacionales, mientras Atalaya espera acciones concretas que reviertan décadas de postergación.