Rondas campesinas en el sistema de seguridad ciudadana en el Perú: Politización y narcoterrorismo

1.- Acontecimiento develador: Secuestro de periodistas por rondas campesinas en Cajamarca

El acontecimiento reciente sobre el que se enfoca el problema principal a tratar en este artículo es el reciente secuestro de periodistas de un canal de televisión de la capital Lima por parte de ronderos campesinos de la provincia de Chota, región Cajamarca, sucedido en el mes de julio de este año. Este hecho sirve de reflexión para cuestionar la política de Seguridad Ciudadana aplicada por el gobierno del presidente Pedro Castillo, criticada por APROSEC desde el primer momento, cuando al asumir el mando, Castillo anunció que las Rondas Campesinas cumplirían un rol protagonista en el resguardo de la Seguridad Ciudadana en el Perú. Al mismo tiempo, el análisis servirá también para exponer cómo ha evolucionado un problema nacional e internacional que no tiene solución: el narcotráfico; y de cómo el narcotráfico en el transcurso de las décadas, a la vez que ha corrompido vastos sectores de la administración pública, también se sirvió de alianzas con el terrorismo,   consiguiendo corromper una organización respaldada constitucionalmente por el derecho consuetudinario y formalizada por el Estado para combatir el terrorismo y la delincuencia en las zonas rurales del Perú: las Rondas Campesinas.

A inicios del mes de julio de este año dos periodistas de un canal de televisión de Lima, llegaron a la provincia de Chota en Cajamarca para realizar un informe noticioso sobre la investigación que la Fiscalía de la Nación viene haciendo a algunos familiares del Presidente de la República, Pedro Castillo -natural de Chota-, a quienes se les acusa de tráfico de influencias, entre otros delitos. Los periodistas se aproximaron a la localidad para presentarse ante las autoridades y empezar con sus indagaciones propias del trabajo periodístico cuando fueron detenidos por los ronderos de la comunidad de Chadín, siendo obligados bajo coacción y amenaza a emitir un comunicado admitiendo que “las imputaciones a los familiares del Presidente de la República son falsas”. Los ronderos de la comunidad de Chadín después arguyeron que los periodistas fueron forzados a trasmitir en vivo y en directo el comunicado a Lima con la finalidad de comprobar que realmente se trataba de periodistas tal como  se identificaron. La trasmisión fue emitida en vivo y en directo por el canal de televisión que tuvo que interrumpir su programación habitual. Este hecho causó gran polémica entre el gobierno de Pedro Castillo -que defendió el accionar de los ronderos-y la prensa que consideró lo sucedido como un atentado contra los Derechos Humanos y la libertad de expresión.

2.- los ronderos campesinos, historia y antecedentes

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), en el Perú el número de comunidades, entre campesinas y nativas, es de 9,385 y el porcentaje de conflictividad por problemas de tierras, agua, minería, etc. es de alrededor el 30%, cifra en la que debemos incluir la problemática del narcoterrorismo, el cultivo de la hoja de coca y la amapola. Desde APROSEC cuestionamos si las autoridades del gobierno o del Congreso de la República han analizado y evaluado en detalle la naturaleza y estado actual de estos conflictos, algunos de ellos permanentes en zonas donde la presencia del terrorismo y el narcotráfico es constante, y en donde la violencia es latente.

Históricamente, la organización de las Rondas Campesinas fue una iniciativa  de los campesinos del centro poblado de Cuyumalca, provincia de Chota en la Región de Cajamarca un 29 de diciembre del año 1976, con el objetivo de combatir el abigeato y la delincuencia. Con el transcurrir del tiempo este modelo fue replicado en zonas rurales de casi todo el país, básicamente por la falta de presencia del Estado, y por la ausencia de la Policía y Fuerzas Armadas. La función de los Ronderos inicialmente fue la captura y entrega de los delincuentes que habían sido sorprendidos en flagrante delito a las autoridades competentes. Los Ronderos en las zonas rurales tienen también una autoridad "Moral" por ejemplo castigan a los infieles y adúlteros con latigazos. Los Ronderos en la práctica detienen, juzgan, sentencian y castigan, es como un derecho que tienen las Comunidades Campesinas y Nativas.

El Estado reconoce a las rondas campesinas como organizaciones de apoyo a las comunidades rurales, recordemos cuando en su gobierno Alberto Fujimori les entregó 500 escopetas, los Comités de Autodefensa fueron autorizados a la tenencia y uso de armas y municiones de uso civil, para evitar el narcotráfico y terrorismo, para comprender mejor este aspecto, debemos leer la Ley 25327, el Decreto Legislativo 689 y el Decreto Legislativo 741. Los comités de autodefensa, inicialmente conocidos como Autodefensa Civil, iniciaron su organización en el año de 1982, en una coyuntura donde se tenían que defender de la agresión e infiltración del grupo terrorista Sendero Luminoso, se iniciaron en los Departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cuzco y Junín. En el año 1991, el Decreto Legislativo 741 estandariza la denominación de las Rondas Contrasubversivas como Comités de Autodefensa ( C.A.D ), no olvidemos que el terrorismo comunista de Sendero Luminoso consideraba al campesino como columna vertebral en su lucha armada. La guerra popular, entonces, debía desarrollarse desde el campo hacia las ciudades y con el consentimiento de una población tradicionalmente olvidada por los gobiernos de turno.

3.- los narco-ronderos de Cajamarca

Los Ronderos Campesinos fueron considerados artífices de primer orden en la victoria militar del Estado peruano sobre la organización terrorista Sendero Luminoso en los años 1990. Sin embargo, algunos remanentes senderistas continuaron operando en zonas focalizadas como en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) hasta la fecha actual, habiendo mantenido el discurso senderista de la guerra popular como medio proselitista pero dedicándose económicamente a la actividad del narcotráfico en base a la producción y procesamiento de la hoja de coca y de la amapola.

Por otro lado, en los últimos años, el narcotráfico ha ganado terreno en el mapa nacional sobrepasando el VRAEM y extendiéndose a zonas como el Putumayo en la frontera Perú – Colombia – Brasil, Madre de Dios y Puno en la frontera con Bolivia y para efectos de este artículo en Cajamarca, región fronteriza con Ecuador. Así, tal como ocurre en el VRAEM, en estas regiones del país, además de clorhidrato de cocaína, existe el tráfico de marihuana y látex de opio. En Cajamarca están las más grandes plantaciones de amapola del país. La amapola es una flor que sirve de insumo para la elaboración de  opio y heroina, drogas entre las más adictivas y nocivas. 

Según información  manejada por APROSEC, en la actualidad, serían los ronderos los que impiden el acceso no sólo de periodistas a una región virtualmente liberada para el narcotráfico. El reciente secuestro de periodistas de un canal de televisión de Lima por los ronderos de Chota ha llamado la atención sobre una zona que sirve de ruta para el narcotráfico hacia la frontera norte y nor-oriental del Perú. Los sembríos de amapola estarían ubicados en Cajamarca, Amazonas y Piura. También en otros departamentos como Huánuco, San Martín y Áncash. Según el investigador y experto en temas de narcotráfico Jaime Antezana, Cajamarca es una de las regiones más aptas para el cultivo de amapola en el Perú, es la de mayor producción. “Es el corazón del látex de amapola. Luego están Amazonas y Piura”, afirma Jaime Antezana.

 “Lamentablemente, no se hace el monitoreo de los cultivos de amapola en el Perú. No existe una lucha contra la amapola, porque no hay información respecto a la magnitud del problema. No se ha realizado un trabajo serio que nos permita tener un punto de partida. Hay un mercado subterráneo invisible a nuestros ojos que claramente está creciendo. Con la misma lógica que se monitorea los cultivos de hoja de coca, se tendría que monitorear los cultivos de amapola. El problema seguirá creciendo, mientras continúe bajo esta oscuridad”, advierte Jaime Antezana.

Esto explicaría el conflicto anti-minero en la zona de Cajamarca por parte de las comunidades campesinas, porque los narco- ronderos serían parte de las movilizaciones contra las empresas mineras debido a que la presencia de grandes empresas en la zona pone en riesgo las ilícitas actividades del narcotráfico.

4.- Vraem: El narcotráfico como defensor de los campesinos

El siguiente testimonio corresponde a las declaraciones vertidas a la prensa en el año 2018 por el entonces vocero de las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa del VRAEM, César Camaná Salcedo, luego de haberse producido una serie de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y remanentes terroristas. La nota periodística fue publicada en el Diario Nuevo Sol de la ciudad de Lima el lunes 2 de julio del 2018. 

“Sendero Luminoso es el “mal menor” para campesinos del VRAEM” 

Campesinos del VRAEM aterrorizados entre dos fuegos.-

“En estos momentos la población del distrito de Vizcatán del Ene se encuentran en medio de dos fuegos, por un lado sometidos a los bombardeos de las Fuerzas Armadas y por otro lado son empujados por las columnas terroristas a convivir con los integrantes de las huestes de los hermanos Quispe Palomino. La población se encuentra aterrada porque se está volviendo a épocas de los años 1980 – 1990, en donde todos los pobladores eran acusados de terroristas, hoy en día por órdenes de los instructores de la DEA de las bases de Mazángaro y Pichari, todos los pobladores y campesinos de la zona son considerados “terroristas”, indica el representante de las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa del Vraem.

“En estos momentos, y durante tres días consecutivos, el Ejército y la Marina han estado bombardeando los Centros Poblados de Manantial, Nueva Esperanza y Alto Mantaro, todos ellos habitados por campesinos que están siendo aterrorizados porque las bombas caen muy cerca de colegios, chacras, de caseríos, todo con pretexto de combatir el terrorismo. El alcalde distrital de Vizcatán del Ene hace un llamado a la opinión pública y a todo el país para que se detenga este ataque que sólo atemoriza a la población campesina con la justificación de que “en la zona hay terroristas”.  “Los bombardeos cesan alrededor de las 5 de la tarde y a esa hora empiezan a sobrevolar la zona las avionetas cargadas de droga que salen del Vraem con dirección a Bolivia. Todo con complacencia del Gobierno de turno y con la protección del Ejército, una orquestación mafiosa y corrupta como en tiempos de Montesinos y Fujimori”, señalan los representantes de los Comités de Autodefensa del Vraem. 

VRAEM: El narcotráfico  como defensor de los campesinos.-

“La población está aterrorizada porque son campesinos que viven de sus cultivos, sin embargo son acusados de “terroristas”, y por otro lado, los integrantes de las columnas terroristas de los Quispe Palomino los obligan a convivir con ellos. Tras el primer atentado de junio, los otros dos fueron respuesta de los Quispe Palomino. La gente no sabe qué hacer, algunos de ellos están aceptando la convivencia con los senderistas”. “Los integrantes de los Comités de Autodefensa del Vraem estamos siendo testigos de cómo operan en el Vraem las columnas de los Quispe Palomino así como las Fuerzas Armadas, poniendo a la población campesina entre dos fuegos. Nosotros hacemos inteligencia como Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa y tenemos información que los próximos ataques de los Quispe Palomino en el Vraem tendrán como principal objetivo la base militar de Mazángaro. Los Quispe Palomino pretenden tomar la base de Mazángaro y con este golpe sumar adeptos entre la población para que se plieguen a sus objetivos. Hay algunos campesinos que se han visto atraídos a colaborar con los terroristas debido a que es la única alternativa que tienen ante la erradicación forzada de la hoja de coca, los Quispe Palomino se presentan como “los defensores” del campesinado ante la erradicación forzosa, así mismo, el nuevo discurso “anti corrupción” de los Quispe Palomino, quienes afirman encontrarse en una nueva etapa ideológica-política, consiguiendo que elementos de la población campesina los apoyen. Sin embargo no son todos, son pocos, pero para las Fuerzas Armadas y la DEA todos los campesinos son “terroristas”. Esto hace que la población apoye a los Quispe Palomino. Los campesinos conviven con el terrorismo. Las autoridades como el Ejército, Devida, etc. están empujando a la población a eso. El Ejército no hace más que garantizar este fenómeno porque lo único que hace es reprimir”. 

Senderistas son “el mal menor” en el VRAEM.-

“La población campesina que no tiene acceso a otra economía más que los cultivos de hoja de coca, después de la erradicación forzosa, que los sume mucho más en la pobreza, consideran a los Quispe Palomino como “el mal menor”, acostumbrados a vivir entre dos fuegos. Sin embargo la mayoría de la población rechaza esta situación, así como las Rondas Campesinas y los Comités de Autodefensa del Vraem, y piden desarrollo, agroindustria, agro exportación, desarrollo de unidades productivas para salir de la pobreza y no caer en el cultivo de la hoja de coca, así como también vías de comunicación y transporte”, señala el vocero de las Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa del Vraem, César Camaná Salcedo. 

5.- Politización de las rondas campesinas en un gobierno de izquierda

Desde la perspectiva de APROSEC, la Ley 31494  LEY QUE RECONOCE A LOS COMITÉS DE AUTODEFENSA Y DESARROLLO RURAL Y LOS INCORPORA AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, propuesta por el gobierno de Pedro Castillo y aprobada por el Congreso de la República el 15 de junio de este año, es inconstitucional ya que los temas de Orden Público y Orden Interno le corresponden a la Policía Nacional.

APROSEC advirtió del peligro que representa para el Perú esta ley desde hace más de un año cuando el actual gobierno manifestó su intención de incorporar a las Rondas Campesinas al sistema de Seguridad Ciudadana. Luego de los acontecimientos de Chota APROSEC mantiene esta posición solicitando dejar sin efecto la Ley 31494 ya que sería no solo muy peligroso además de inconstitucional, sino que también al darles armas de fuego, se podrían convertir en fuerzas de choque de intereses partidarios, informales o criminales. 

Desde el primer momento, el gobierno de Pedro Castillo Terrones quiso enfrentar el problema de la Seguridad Ciudadana bajo el signo de su ideología política y su parcial visión que tiene de nuestro país, al querer inexplicablemente encargar la seguridad pública a las Rondas Campesinas en las zonas urbanas de las ciudades más importantes del territorio nacional. Una medida que bajo ningún punto de vista técnico podría ser viable, porque el referente que se tiene para operar dicho colectivo es tan sólo en las zonas rurales y remotas de Perú que responden a una realidad social distinta a las que se vive en las localidades urbanas; por ende no basta para adoptar dicha determinación lo que se viene difundiendo -al parecer como única explicación- de que dicho planteamiento corresponde al Partido Perú Libre, con lo que se demostraría que se está bajo la consigna ideológica de esta organización política que propone la mencionada medida. Las conexiones políticas de esta medida en la zona de Cajamarca se remiten precisamente al conflicto minero que se inicia el año 2011 en contra de Minas Conga donde la izquierda política tuvo una activa participación a través de Patria Roja, y en donde la izquierda ganó dos elecciones regionales de forma consecutiva gobernando entre el 2010 y el 2018.  

Proponer a las Rondas Campesinas como solución a la Inseguridad Ciudadana fue solo el inicio de una serie de errores políticos en el sector Interior que han significado la vergonzosa salida de seis Ministros del Interior en menos de un año de forma consecutiva; es decir, el problema creciente de la criminalidad y la delincuencia se trasladó al ámbito político en vez de centrarse en soluciones prácticas y decisivas. Resultado: las cifras de la criminalidad y la violencia urbana se siguen disparando.

La propuesta inicial del Gobierno de Pedro Castillo Terrones de encargar la Seguridad Ciudadana a las Rondas Campesinas en las ciudades, en mi opinión se trató de un error de percepción debido a la realidad intercultural y multicultural del Perú, realidad que es hábilmente utilizada por la izquierda comunista para manipular y utilizar con fines políticos al amplio sector de la desinformada población peruana de origen andino (quechua, aimara) o amazónico, mayoritario en las zonas rurales.

En el artículo 166 de la actual Constitución, la Policía tiene por finalidad fundamental, Garantizar, Mantener y Restablecer el Orden Interno, prestar atención y ayuda a la comunidad, Garantizar el cumplimiento de las Leyes y la seguridad del patrimonio Público y Privado, Previene, Investiga y Combate a la delincuencia. 

Pero afirmar que los Ronderos podrían encargarse de la lucha contra la inseguridad ciudadana en las grandes ciudades del país es un error muy común en las relaciones de interculturalidad, es decir en donde participan o interactúan dos culturas diferentes, en este caso: 

1. Los Ronderos pertenecientes a una cultura rural, y
2. La seguridad ciudadana en las grandes ciudades perteneciente a una cultura urbana muy diferente a la realidad andina o amazónica.

Este error muy común en las relaciones interculturales es un error de percepción por simple desconocimiento de “la otra cultura”, error que durante los 200 años de vida republicana el Estado Peruano  acentuadamente centralista, ha venido cometiendo en sus relaciones con las poblaciones indígenas, nativas u originarias del Perú; y que ha sido motivo de múltiples teorías  y estudios sociales, históricos y antropológicos sobre cómo el Estado debe gobernar en las comunidades campesinas, comunidades nativas amazónicas e identidades etnolingüísticas del Perú (aproximadamente 70 lenguas incluyendo el quechua y el aimara). Producto de este desconocimiento de “la otra cultura” el Estado peruano, centralista, criollo, limeño estuvo en 200 años de República distante y ajeno al mundo rural y provinciano, tomando decisiones desde el gobierno del Estado sobre “la otra cultura” del “Perú profundo” adoptando algunas determinaciones equivocadas por exceso y cuando no lo hacían, la indiferencia y consecuencia era mayor. 

Pero en el caso del gobierno de Pedro Castillo Terrones, por primera vez sucede un fenómeno a la inversa, es la cultura del medio rural la que gobernará en el Estado Peruano desde la ciudad capital, centralista y criolla. Los Ronderos de Pedro Castillo corren el grave riesgo de volver a cometer el mismo error que durante 200 años ha cometido la República: desconocer “la cultura del otro” y tomar decisiones en el gobierno sobre una cultura y contexto que desconocen, que no les pertenece y a la cual históricamente no quieren. Ese mismo error de percepción podría presentarse en otros aspectos de la política del gobierno de Castillo, y ése no sería un problema de polaridades de ideologías políticas izquierda/derecha o comunismo/capitalismo, sino que se trata de otro tipo de polaridad, no tan sólo ideológica, ni política, sino adicionalmente más bien  cultural: campo/ ciudad, rural/urbano,  provincia/capital, sierra/costa, blanco/indio, criollo/cholo, etc., etc. de los cuales la polaridad rural/urbano es la más antigua y data desde los orígenes mismo de la civilización, con las primeras ciudades, Caral en el caso del Perú.  Las polaridades Lima/provincias, blanco/indio etc., provienen de la época del virreinato; mientras criollo/cholo e izquierda/derecha, capitalismo/comunismo son más recientes, de la República o el siglo XX. 

6.- Conclusiones

Son tres los factores del contexto actual que configuran un escenario de fondo negativo para la Seguridad Ciudadana en el Perú y que por lo tanto debieran implicar otras acciones, estrategias y políticas públicas muy diferentes a las asumidas por el actual gobierno:

-Contexto de crisis mundial: Las actividades económicas ilegales experimentan expansión y crecimiento en épocas de anomia, crisis y desestabilidad internacional como lo es el actual contexto mundial post pandemia, de inflación global, guerra, carrera armamentística, y emergencia alimentaria.

-El mercado para la producción de cocaína, en el cual el Perú ocupa el primer lugar mundial, sigue en constante crecimiento habiendo aumentado la demanda tanto en países de la región como Brasil, Argentina y Chile, así como también hacia otros continentes como China, Australia, África y Medio Oriente, habiendo sobrepasado la demanda de décadas anteriores limitada a Norteamérica y Europa.

-La misma crisis sistémica global ha generado un nuevo fenómeno  internacional que contribuye al crecimiento de la delincuencia y la criminalidad: Las poblaciones desplazadas y las grandes migraciones o diásporas. En el Perú recibimos migración constante proveniente de Venezuela, Colombia, Centroamérica y el Caribe, así como en menor medida del Sudeste asiático. Esta migración ha contribuido notablemente a la explosión del crimen en especial debido a bandas criminales provenientes de Venezuela y Colombia.

-El reciente auge de los gobiernos de izquierda en América Latina que han llegado a ocupar las presidencias de casi todos los países de la región a excepción de unos pocos como Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Uruguay, representan un peligro para la Seguridad Ciudadana en el Hemisferio porque históricamente los regímenes de izquierda en América Latina nunca han significado prosperidad, tranquilidad y seguridad para nuestros países, por el contrario, han sido siempre sinónimos de corrupción, convulsión social, pobreza, caos y enfrentamiento político, así como de instrumentalización de los problemas sociales con fines de control y dominio sobre la población, como está sucediendo con  el caso de la incorporación de las Rondas Campesinas al sistema de Seguridad Ciudadana en el Perú.

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

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