Denuncia por presunta corrupción

Consejero Leonardo Mallqui denuncia pagos irregulares en DIREPRO

Proyecto educativo en Ucayali presenta sobrecostos y deficiencias pese a inversión de más de S/ 7 millones.

Pucallpa.- El Consejero Regional de Ucayali, Leonardo Gabriel Mallqui Díaz, presentó una denuncia penal contra el director regional de la Producción, Mariano Rebaza Alfaro, y otros funcionarios de la Dirección Regional de la Producción (DIREPRO) por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo a Través de la Implementación con Módulos de Producción Agropecuaria de las Piscícolas en las Instituciones Educativas Agropecuarias de las Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad”.

Este proyecto, que tuvo una inversión de más de S/ 7 millones, fue declarado concluido en julio de 2024; sin embargo, su ejecución se vio empañada por sobrecostos, incumplimientos y posibles actos de corrupción que afectaron directamente a las instituciones educativas beneficiarias.

Un Informe de Control Específico del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Ucayali reveló que las instituciones educativas no recibieron en su totalidad los 28 galpones de 14 x 10 metros destinados a la crianza de pollos parrilleros. Además, se detectó que la DIREPRO otorgó conformidad a entregas incompletas, permitiendo el pago de S/ 28,357.80, generando un perjuicio económico al Estado.

Asimismo, en la tercera entrega periódica, se aplicaron penalidades por mora de manera irregular, lo que ocasionó una pérdida adicional de S/ 31,968.00. El representante legal del consorcio contratista, Juan Luis Guevara Gómez, también es señalado en el informe por presentar información inexacta en sus entregables e incumplir las condiciones contractuales.

Cabe recordar que el Consejo Regional de Ucayali ya había advertido sobre estas anomalías a través del Acuerdo Regional N.º 137-2024-GRU-CR, aprobado el 2 de octubre de 2024. Ante estos hechos, el Consejero Leonardo Mallqui exhortó a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes y a determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales con el objetivo de garantizar el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento del proyecto.

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