Justicia anticorrupción en Ucayali

Exfuncionarios de Atalaya condenados por irregularidades

Segunda Sala Penal dicta cuatro años de prisión suspendida y reparación civil por delitos que afectaron las arcas del Estado

Pucallpa.- La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó una sentencia de cuatro años de prisión suspendida contra exfuncionarios de la Subregión Atalaya por los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Este fallo responde a una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción, que probó irregularidades en un proceso que causó un grave perjuicio económico al Estado peruano.

Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2009, cuando el contratista, Fernando Cárdenas Tafur, entregó dos volquetes a la entidad pública. No obstante, la comisión de recepción firmó un acta que también incluía la supuesta entrega de un cargador frontal, un tractor oruga y un rodillo compactador, bienes que, según las investigaciones, fueron entregados en fechas posteriores.

Las pruebas revelaron que los acusados insertaron declaraciones falsas en las actas de entrega y recepción, beneficiando indebidamente a Cárdenas Tafur, representante de la empresa Service & Equipment S.A.C.. Este acto permitió la omisión del cobro de penalidades estipuladas en el contrato, lo que impactó negativamente las finanzas estatales.

El tribunal, compuesto por Américo Torres Lozano, Marco Santa Cruz Urbina y Jonatan Basagoitia Cárdenas, dictó sentencia contra los exfuncionarios Roberto Salinas Sandoval, José Yafac Lozada y Hugo Huiza Ruiz, imponiéndoles inhabilitación por cuatro años para ejercer funciones públicas y el pago solidario de una reparación civil de 290,000 soles.

Por su parte, el contratista Fernando Cárdenas Tafur fue condenado a tres años de prisión suspendida como autor del delito de falsedad ideológica, además de reglas de conducta y el pago de 40 mil soles por concepto de reparación civil.

Este caso resalta la importancia de la lucha contra la corrupción y el compromiso de las autoridades judiciales para sancionar a quienes vulneran la transparencia y perjudican los intereses del Estado.

Fuente: Diario Impetu 


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