Debemos evitar una delincuencia incontenible

I.- INTRO.-

Antes que nada, para el conocimiento del lector, resulta importante señalar que este artículo ha sido escrito entre los meses de marzo y abril del 2022. La delincuencia, tal como lo pronosticó APROSEC en marzo el 2020 cuando se declaró el estado de cuarentena generalizada en el Perú, se está incrementando exponencialmente en América Latina debido a la crisis mundial ocasionada por la pandemia del covid-19, contexto previsto dos años antes por los especialistas de APROSEC al que debemos agregar el trágico factor de la invasión a Ucrania y sus efectos a nivel global.

Pero la delincuencia y la alteración de la convivencia y el orden social con la degeneración y la afectación a la seguridad que estamos presenciando en el Perú, América Latina y en el mundo no se deben únicamente a la pandemia y a la invasión a Ucrania que en sí corresponden a los más recientes fenómenos que han impactado directamente en una crisis que el mundo arrastra desde el inicio de la Guerra Fría al final de la Segunda Guerra Mundial hace 77 años. Ése es el orden que ha entrado en crisis desde el punto de vista político, económico, social y cultural. El mundo ha cambiado mucho más entre 1945 a la fecha que entre la Revolución Francesa o la Independencia de los Estados Unidos a 1939, año en el que se inició la Segunda Guerra Mundial.

El sistema mundo o stablishment que resultó de la Segunda Guerra Mundial deberá recomponerse o reordenarse ante los grandes cambios que le esperan a la humanidad enfocando la realidad desde una perspectiva progresista y universal de la Historia y la Humanidad.

Mencionamos a la Historia porque de la Historia podemos extraer hechos precisos que nos ayudan a comprender el momento actual, como entender que los retos que afronta el mundo occidental, libre y democrático, son los mismos de siempre: Oriente, el bloque asiático, que plantea su propia solución al problema en el totalitarismo y la supresión de libertades como es el caso de Rusia en su política interna con respecto a Ucrania, pero mucho más abierto y oficial en el caso de China en sus políticas de control de su población, milimétricas durante la pandemia del covid-19, además y es mi opinión China no renuncia a tener Taiwán. 

II.- FACTORES QUE PARTICIPAN DE LA ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA, EL ORDEN SOCIAL Y LA SEGURIDAD EN EL MUNDO

En el actual contexto, en el tercer año de la pandemia del covid-19, los factores visibles que participan en la alteración de la convivencia, el orden social y la seguridad ciudadana son tres: La pandemia del covid-19, la invasión a Ucrania y la crisis global que de estos factores se produce.

Cabe señalar que la crisis que se produce de las consecuencias de la pandemia del covid-19 y de la Invasión a Ucrania, en ambos casos, tiene impacto a en dos niveles correspondientes: el necrológico y el micrológico. Desde el punto de vista sanitario la pandemia por las características del contagio se multiplica desde los micrológico, de persona a persona, y alcanza un nivel macro, mundial o global; pero tiene un doble impacto, micro y macro. Asimismo, las consecuencias políticas, económicas y sociales de la invasión a Ucrania se producen desde un nivel macrológico a partir de la toma de decisiones de gobernantes de países, pero alcanzan a afectar a cada uno de sus ciudadanos que sufren los efectos de la inflación, la escasez y la incertidumbre. 

En el caso de la seguridad ciudadana, a un nivel macro los gobiernos están tomando decisiones políticas cada vez más rigurosas como toques de queda, estados de emergencia, etc.; y al mismo tiempo, en un nivel micro, el ciudadano puede tener la experiencia de contar con la seguridad de su comunidad o distrito, y en caso contrario, sufrir la ausencia o la falta de seguridad. 

-PANDEMIA DEL COVID-19

Hacia el primer trimestre del 2022, pareció haber disminuido a niveles mínimos los índices de contagio y mortalidad de la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, en todos los países se siguieron presentando casos. Durante marzo en China millones de personas regresaron a la cuarentena forzada por un incremento en los contagios mientras que la variante BA2 es la nueva cepa que se extendió por todos los Estados Unidos. Oficialmente la OMS todavía no anuncia el fin de la pandemia. Para algunos expertos en el mejor de los casos esto podría suceder en algunos años. 

-EL CASO DEL PERÚ: DELINCUENCIA Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD

Sin embargo, en el caso del Perú, y debido a la vigente Constitución Política de 1993, de corte ultra neoliberal, existe una firme resistencia a adoptar políticas económicas reguladoras del mercado, por el contrario, durante la pandemia el mercado se liberó más aún como medida de reactivación económica.

La economía peruana desde mediados de la década de 1990 se mantiene estable y en crecimiento favorecida por las exportaciones y la demanda de los metales en el mercado internacional siguiendo el auge de los tratados comerciales en la cuenca del Asia Pacífico.

Pero al igual que el resto de países de América Latina, la desigualdad y la estratificación social es una característica de la economía peruana. Barrios de millones de personas en la extrema pobreza rodean las principales ciudades de la costa: Lima, Chiclayo, Piura, Trujillo, Chimbote e Ica; donde la delincuencia se ha disparado alcanzado los niveles de Centroamérica y el Caribe.

Desde el año 2017 venimos sufriendo un incremento sostenido de la delincuencia por varios factores: Entre los cuales destaca una débil reacción del Estado, ninguno de los gobiernos de los últimos 15 años se preocupó por combatir la delincuencia. Por ejemplo, ninguno de los últimos gobiernos se preocupó por proteger legalmente al policía peruano que hace uso de su arma de reglamento contra la delincuencia porque por paradójico que resulte, la ley peruana perjudica al policía que utiliza su arma y dispara contra un delincuente pudiéndosele imputar cargos en su contra. Hoy todos sufrimos las consecuencias.

En cuanto al actual gobierno presidido por Pedro Castillo, estamos ante un gobierno de 8 meses de pésima gestión, corrupto, con cuatro gabinetes ministeriales en su corto haber debido al nombramiento de altos funcionarios ineptos y/o prontuariados.

Un error reiterativo del actual gobierno es que, a pesar de los graves errores y acciones ilícitas en las que han incurrido los corruptos nominados, continúa copando los diferentes sectores del Estado de funcionarios deshonestos e incapaces, pero ideológicamente leales. Como consecuencia, hoy estamos ante un resultado nefasto de violencia popular generalizada, siendo evidente que este gobierno se encuentra imposibilitado de enfrentar adecuadamente la conflictividad social; ahí está el resultado de no contar con recursos humanos idóneos, con experiencia en la solución de los problemas emergentes.

Señalaré que intentar manejar la violencia social sin la experiencia política requerida podría traer resultados insospechados y contraproducentes. Castillo en el año 2017 estuvo sentado al otro lado de la mesa al encabezar una huelga magisterial.

Algo que resulta extraño es lo que viene sucediendo en Junín, nada menos que el bastión de Perú Libre, donde han sucedido las manifestaciones más violentas a inicios de abril. Se generó todo un caos en la ciudad de Huancayo al enfrentarse huelguistas transportistas y agricultores con la policía, los manifestantes atacaron y saquearon propiedades privadas y públicas. Grave error cometió Pedro Castillo cuando salió a hablar, mal como siempre, y señaló que los bloqueos de carreteras y paros eran malintencionados y pagados por algunos cabecillas y dirigentes. Con esas infelices declaraciones echó más combustible al fuego, además, su escudo de victimización que siempre usa, esta vez fue un bumerán para él.

Aclaro que cualquier tipo de violencia es injustificable venga de donde venga, lo que, si preocupa y mucho, es la incapacidad de respuesta ante un conflicto social, sin duda debido a que este gobierno no tiene una clara visión estratégica de los problemas, sus causas y alternativas de solución. Hay una ausencia de adecuados equipos técnicos, resumiendo, hay demasiados funcionarios ineptos e incapaces para esa tarea. El Ejecutivo, ofreciendo dádivas que pagaremos todos los peruanos negoció con los huelguistas en Huancayo y logró firmar un acuerdo parcial por 5 días de tregua con algunos de estos gremios, el objetivo era levantar el bloqueo de carreteras. Pero la crisis no fue resuelta, los paros y las manifestaciones continuaron con mayor violencia en todo el país, incluso en Lima, pese al toque de queda decretado para el martes 05 de abril en la ciudad capital que fue derogado ese mismo día en horas de la tarde justo cuando una gran marcha anti gobierno se dirigía al Palacio Legislativo donde se encontraba el Presidente con sus Ministros.

Hay un hecho que ha pasado casi desapercibido para la mayoría de medios de comunicación y es que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reclamó que su vivienda en Huancayo fue apedreada, dijo haber alcanzado al comandante general de la Policía, Vicente Tiburcio Orbezo, la identificación de los 10 delincuentes presuntos autores, esperando que sea diligente en su captura; pero se olvidó de pedir diligencia también para la captura del ex secretario presidencial Bruno Pacheco, los dos sobrinos de Pedro Castillo y, claro está, a los Dinámicos del Centro.

En el fondo lo que sucede es que Pedro Castillo ha defraudado, precisamente, al pueblo al que en ocasión que puede menciona; un pueblo que vio en el candidato presidencial a una persona mucho más cercana por sus orígenes, por estar disfrazado de campesino con sombrero, que por cierto ya dejó de usar, un maestro rural que no ejerció la docencia, el pueblo al que ha engañado y defraudado; la defraudación social genera resentimiento y frustración que invariablemente se traduce en violencia; sino, preguntémonos qué opina hoy ese pueblo de Alejandro Toledo, el “cholo sano y sagrado”, que resultó siendo un mentiroso ladrón y corrupto, tal cual Pedro Castillo, envuelto actualmente en graves escándalos de corrupción, siendo sindicado como cabecilla de una organización criminal. 

III.- SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA

Una característica de los últimos veinte años en América Latina es el creciente y cada vez más frecuente triunfo electoral de la izquierda en las elecciones presidenciales y legislativas. Así, entre 1980 y el 2000 la izquierda gobernó en América Latina tan solo en Nicaragua y Cuba. En cambio, entre el 2000 y el 2022 la izquierda ha ganado las elecciones en: Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y México. 

Como APROSEC ha advertido en oportunidades anteriores, la seguridad ciudadana y el orden interno de los países de América Latina corren un grave riesgo bajo regímenes de izquierda que debido a un sesgo netamente ideológico renuncian al combate contra la delincuencia para centrarse mucho más en el problema de la lucha política.                                                    

Cabe agregar que según un reciente estudio entre 142 países evaluados con mayor índice de criminalidad en el mundo; dentro de los primeros 40 países en el 2022 aparecen gobiernos con ideología de izquierda con amenazas o efectos presenciales de ésta; vale decir: Venezuela (1°) Perú que le sigue (11°), Brasil (12°), Argentina (16°), Bolivia (28°), Ecuador (32°) y Chile (40°); un tema para meditar. 

Destacamos el caso de México, El Salvador y Perú. 

-MEXICO

Según las estadísticas, la inseguridad, la delincuencia y la violencia se han incrementado en México a sus máximos históricos en los últimos años con un promedio de 36,000 homicidios anuales.

Durante los gobiernos de Joe Biden y Manuel López Obrador, Estados Unidos y México han firmado el Entendimiento Bicentenario que busca afianzar la cooperación bilateral en materia de seguridad, en tres aspectos: Protección a las personas de ambos países al reducir el consumo de drogas y homicidios, prevenir la delincuencia transfronteriza reduciendo el tráfico ilícito y desmantelar redes criminales. 

EL SALVADOR.-

El caso de El Salvador es el más paradigmático porque refleja el enfrentamiento entre el gobierno y la delincuencia organizada en el país más violento del mundo desde donde se ha extendido a otros países la organización criminal más sanguinaria y despiadada: la “mara salvatrucha”.

El régimen del presidente Nayib Bukele ha declarado la guerra a la delincuencia aplicando medidas de excepción, sin embargo Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el accionar de su gobierno por entrar en terreno del respeto a los derechos humanos. 

-PERÚ

En esta etapa post pandemia la delincuencia se ha incrementado exponencialmente y seguirá in crescendo debido a la inflación mundial. En el Perú antes de la pandemia ya teníamos el problema del aumento de la delincuencia debido a la presencia de bandas de migrantes colombianos y venezolanos. Durante la cuarentena del 2020 con el toque de queda y la inmovilidad obligatoria las estadísticas bajaron drásticamente para recuperarse el 2021 y seguir creciendo el 2022. El punto es que en el Perú hoy tenemos más pobres y más delincuentes que en el 2020. El que antes no robaba hoy lo hace y el que antes ni pensaba robar hoy piensa en hacerlo. Ante este panorama, el actual gobierno poco o nada ha podido hacer en el primer año de gobierno debido a la inestabilidad política.

En el Perú, desde un punto de vista político, el actual gobierno aparentemente ha puesto a la seguridad ciudadana en piloto automático, ya que frente a una turbulencia delictiva en tan sólo unos meses de gestión hemos tenido ya tres Ministros del Interior en medio de escándalos y cuestionamientos. Es por eso que APROSEC ya presentó en marzo del 2022 un documento oficial dirigido al presidente Pedro Castillo con las propuestas para la política de seguridad ciudadana que el gobierno debe ordenar para reducir la criminalidad.

La realidad es que hoy no tenemos Seguridad Ciudadana, hoy no existe un ámbito seguro. La inseguridad ciudadana es ya un mal endémico en nuestro país, una delincuencia que se viene dispersando en los espacios públicos; una delincuencia que se alimenta de muchos factores donde la raíz del mal es la corrupción y la impunidad.

IV.- LA NUEVA NORMALIDAD POST PANDEMIA

Como uno de los países con más pobreza en la región, el Perú es uno de los más golpeados por la pandemia en el mundo: la mayor cantidad de víctimas mortales por millón de habitantes. Al mismo tiempo gran parte de la “nueva clase media peruana”, producto del “milagro económico peruano” de los últimos 25 años, ha caído nuevamente en la pobreza por la crisis económica y el desempleo post cuarentena. La violencia y la inseguridad se están incrementando por lo que la prevención de la criminalidad y del delito requiere nuevas medidas, estrategias inteligentes e innovadoras de acuerdo a la realidad actual: la denominada “nueva normalidad” post pandemia.

La inseguridad en el Perú está sin duda en la agenda pública y es reconocida como unos de los principales problemas de nuestros compatriotas; está en el discurso y en la agenda política, por lo menos, desde los últimos cinco gobiernos. Sin embargo, sólo está en el discurso y la retórica de nuestras autoridades, debido a la ausencia de todos los demás elementos de la construcción de una política pública. El mal manejo de la Seguridad Ciudadana por parte del actual gobierno se advirtió con anticipación desde la campaña electoral en la pobreza de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales.

Lamentablemente en el Perú la relación de inversión del presupuesto público no tiene relación ni con el crecimiento exponencial del problema, ni con el costo de la inseguridad en el PBI (Producto Interno Bruto) del país. En 2013, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) realizó un estudio en donde arrojaba que el costo de la inseguridad representaba el 3.1% del PBI, siendo uno de los países de más bajas tasas de la región, en el Perú la cifra debe ser por lo menos tres veces mayor, esta carencia de recursos impide el desarrollo del país, afecta la calidad de vida de los peruanos, y tiene un impacto en la inversión extranjera, mas esta cifra no se toma en cuenta y se mantiene en el oscurantismo, esto impide analizar el costo-beneficio de las inversiones, como la adecuada evaluación de las mismas y por ende la rendición de cuentas. Todo indica, que al igual que otras gestiones gubernamentales —que han fracasado durante varias décadas en nuestro país— el actual gobierno sigue el mismo derrotero en un marco de incertidumbre creciente, de garrafales errores, debido a la falta de voluntad y/o experiencia; donde predominan las improvisaciones (dar protagonismo a las rondas campesinas en el ámbito urbano; inmiscuir a personal de las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden ni técnica ni constitucionalmente, etc.), lo que demuestra que no se conoce gubernamentalmente esta problemática social, que no existe una real voluntad política para diseñar y ejecutar una Política de Estado en Seguridad Pública. Con lo que se explica que no exista planificación ni la ejecución de un trabajo integral, articulado y holístico a nivel estratégico, táctico y operativo que garanticen resultados tangibles; claro está, todo ello, acompañado de una mejor administración de justicia, con proactiva participación de los sectores gubernamentales y Gobiernos en sus diferentes niveles; y paralelamente combatiendo con efectividad y de manera ejemplarizadora la corrupción, proponiendo al Congreso de la República trabajar una Ley del Serenazgo, reglamentándola para que los serenos tengan definidos sus atribuciones, facultades, roles y formas de apoyo a las fuerzas del orden, como por ejemplo el que puedan usar armas no letales. 

-POBREZA E INSEGURIDAD: “A MÁS POBREZA MAYOR INSEGURIDAD”

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondientes a 2019 se registraron mayores niveles de anemia en niñas y niños de seis a 35 meses de edad en las zonas rurales de la sierra (48.8%), selva (44.6%), y costa (37.5%) siendo las ciudades de mayor prevalencia de anemia en Puno (69.9%), Cusco (57.4%), Huancavelica (54.2%), Ucayali (53.7%), Loreto (53%), Junín (52.6%), Madre de Dios (51.4%) y Pasco (50.2%). Esta debilidad física y mental de nuestra población se ha visto traducida en cifras concretas durante la pandemia del coronavirus. El Perú ocupa el primer lugar en el mundo en fallecidos por millón de habitantes. Uno de los datos que se repiten a nivel mundial en los análisis socioeconómicos de las estadísticas de la pandemia es que el coronavirus ha golpeado a los sectores poblacionales más pobres principalmente. En el Perú, la pandemia ha precarizado la economía y el sistema financiero alcanzando el 90% la población de informalidad económica; es decir, sin un contrato legal de trabajo y/o fuera del sistema financiero en gran medida debido a la desinformación y al analfabetismo digital. El aumento del desempleo ha disparado la delincuencia en las calles. Los robos y asaltos son más frecuentes en las grandes ciudades. Las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú estiman que para este año el PBI registraría un crecimiento de 3.4%, que es una proyección que es menor en 1.1 puntos porcentuales frente a su anterior estimación de 4.5%.

Nos encontramos ante un escenario que presenta no sólo al Perú, sino también a toda la región latinoamericana como un conjunto de países frágiles en seguridad, en los que podríamos aplicar la fórmula: “A más pobreza mayor inseguridad”. Los factores que intervienen en este pronóstico para el Perú y la región son: 1. Incertidumbre debido a la continuidad de la pandemia: pese al relativo éxito de la vacunación contra el COVID-19, la ciencia pronostica que la humanidad deberá aprender a convivir con la pandemia. El repunte de la pandemia en países europeos como Alemania, Inglaterra, Austria y Rusia al finalizar el 2021 nos exige no levantar las medidas sociales de prevención. 2. Los gobiernos no toman las medidas adecuadas contra la inseguridad, a la vez que la violencia se expande principalmente por el accionar de los cárteles de la droga que operan en México y Colombia, así como por la producción de cocaína en toda la región andina peruana. Las cifras y estadísticas oficiales al respecto distan de la realidad debido principalmente a lo agreste e inalcanzable de la geografía de los andes amazónicos. La tendencia del mercado global de la cocaína está en franco crecimiento debido a la expansión del mercado hacia el Asia, Australia y África. 3. Falta de cultura preventiva del ciudadano, quien no ejerce la prevención, no contrarresta el delito. La responsabilidad de los crímenes y de la delincuencia recae en las autoridades policiales, sin embargo, los gobiernos regionales y locales participan muy poco de la prevención del delito sin involucrar al ciudadano en la formación de una cultura preventiva. 4. El delito se ha disparado por la impunidad y la corrupción moral, que son males generalizados en todas las esferas de los países latinoamericanos, en mayor o menor medida según la realidad de cada sociedad. 5. La falta de un adecuado control migratorio por parte del Estado peruano, favorece el ingreso permanente de delincuentes extranjeros que se caracterizan por una mayor alevosía en la comisión violenta de delitos diversos.

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

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