Opiniones

¿Políticamente qué está sucediendo en el Perú?

Por Cesar Ortiz Anderson

Tras la estrepitosa y polémica caída del presidente Pedro Castillo luego de su fallido intento de golpe de estado en diciembre del 2022, en APROSEC tenemos nuestra propia lectura de la larga crisis de inestabilidad política en el Perú, que tiene su origen muy marcado desde el gobierno de PPK y que se agudizó por las violentas protestas sociales en diciembre del 2022 que exigían la salida de la vice presidenta Dina Boluarte quien asumió el máximo cargo de la Nación tras la salida de Pedro Castillo. Las protestas se han extendido durante tres meses seguidos, dejando un triste saldo de víctimas mortales, heridos, y cuantiosos daños materiales. Sólo la violencia de la naturaleza ocasionada por el reciente Fenómeno del Niño que golpeó la costa peruana en marzo del 2023 pudo detener la espiral de violencia generada por las protestas que paralizaron el Perú y aislaron a varias regiones durante los meses de diciembre, enero y febrero. Mientras tanto, la judicialización de la alta política en el Perú continúa y ahora se ha enfocado en los funcionarios involucrados en el intento de golpe de estado de Pedro Castillo, lo que viene destapando escándalos de corrupción que recientemente produjeron el cambio del Comandante General de la Policía Nacional del Perú.

Para intentar responder a la pregunta: ¿Qué está sucediendo en el Perú? Hemos organizado este artículo en dos partes:

1.-Contexto interno

2.-Contexto externo

1.-Contexto Interno.-

Evaluando, a más de cien días del inicio de la gestión de Dina Boluarte, desde el punto de vista legal, y esencialmente político en cuanto al manejo del país, queda claro que se trata de la continuidad de mismo gobierno de Pedro Castillo; a pesar de que ahora cuenta con un gabinete de mayor nivel y reconocimiento profesional, continúa siendo el gobierno de mayor volatilidad ministerial y de altos funcionarios en la Historia de la República.

La más reciente crisis en el gobierno de Dina Boluarte es la remoción del Comandante General de la Policía Nacional en medio de un gran escándalo por acusaciones contra Pedro Castillo de haber organizado un Servicio de Inteligencia paralelo, además de haber puesto en evidencia pública la subasta, por parte de una mafia extranjera, de los puestos de alto mando en la Policía Nacional del Perú, con la anuencia del expresidente Pedro Castillo. Ante esta situación, nos planteamos una pregunta: “¿Qué es lo que sucede en el Perú?”, un país en donde las protestas sociales continúan luego de haber dejado decenas de fallecidos y centenares de heridos, donde la institucionalidad democrática ha sido corroída por la judicialización de la alta política: Todos los expresidentes del Perú se encuentran inmersos en procesos penales: Fujimori y Castillo en prisión, Toledo en proceso de extradición, PPK y Humala ya han estado en prisión y sus procesos penales continúan. Hasta Vizcarra y Merino deberán enfrentar sendos procesos judiciales. Panorama similar encontramos en los Gobiernos Regionales y en los Gobierno Locales: 17 presidentes regionales y 120 alcaldes en prisión. 

El actual gobierno de Dina Boluarte -constitucionalmente una continuidad de la gestión de Pedro Castillo- se mantiene gracias a un Congreso de la República que desoyó a la opinión pública y votó en contra del adelanto de elecciones, en lo que coincidieron algunas posiciones de izquierda y otras de derecha. De este modo, tanto congresistas de izquierda como de derecha, así como la gestión de Dina Boluarte, se aseguran la permanencia en el poder hasta el 2026. Constitucionalmente, a Dina Boluarte, como vicepresidenta de Castillo, le corresponde sucederle en el cargo y cumplir el periodo 2021-2026. Sin embargo, la opinión pública espera el adelanto de elecciones y que Dina Boluarte deje la presidencia. Las encuestas así lo evidencian.

Hay que señalar que Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República ante una muy complicada situación política social, y como cereza a la torta, con desastres naturales, lluvias e inundaciones que están dejando miles de damnificados y millones de dólares en pérdidas materiales. En este escenario, las tareas de emergencia como la inseguridad ciudadana, el desempleo, la inflación, el hambre, la escasez de alimentos, etc., siguen sin ser resueltas, por ello el rechazo popular a Boluarte no solo es percibido en las calles, diversos estudios y encuestas de opinión también lo corroboran, por ejemplo según Ipsos Perú, la presidenta Dina Boluarte es altamente impopular con una desaprobación del 74% en el mes de Febrero, su aprobación cayo del 21% al 18% en Febrero, son varios los factores que se dan para su actual desaprobación, que seguirá en caída debido a la falta de una adecuada prevención frente al último desastre de la naturaleza.

Dina Boluarte, sin tener bancada propia tiene un aliado en el Congreso de la República que es incluso más impopular y busca también sobrevivir y hasta el 2026.

Policía.-

La más reciente crisis de institucionalidad en el gobierno tuvo como protagonista al alto mando de la Policía Nacional del Perú, que se vio involucrado en varios delitos al entrar en negociaciones con una organización criminal extranjera que a la vez le servía de contacto político con el expresidente Pedro Castillo. Es decir, la organización criminal liderada por el personaje conocido con el alias de “el español”, servía de intermediario entre Pedro Castillo y el alto mando de la PNP, resultandos involucrados en sobornos y pagos por ascensos, además de la organización de una inteligencia policial con fines políticos para reglar y espiar a los opositores del régimen de Pedro Castillo.

Desde la perspectiva de los resultados en cuanto a Seguridad Ciudadana, el gobierno de Pedro Castillo equivocó la forma en la que enfocó el problema de la criminalidad y la violencia urbana, intentando politizar a su favor la PNP y el Ministerio del Interior a través de la ideología maoísta (lógica campo/ciudad) al proponer como primera medida llevar a las Rondas Campesinas a asumir el control de la Seguridad Ciudadana en las ciudades.

Las consecuencias de este manejo político hoy alcanzan niveles dramáticos debido al aumento imparable de las cifras estadísticas de la criminalidad e inseguridad. Políticamente, el gobierno de Pedro Castillo quiso controlar el Ministerio del Interior desde su propia perspectiva política. Por tradición e historia, al igual que otras instituciones policiales y militares del Perú, el Ministerio del Interior cuenta con una amplia experiencia en el combate al comunismo maoísta de Sendero Luminoso, especialmente durante los años del enfrentamiento contra el terrorismo en las décadas de los 1980 y 1990. 

A lo largo de todo el siglo XX, la influencia de la hegemonía política de los EE.UU. en todo el hemisferio prestó apoyo y colaboración tanto al Ministerio del Interior como a la Policía por lo que la injerencia de ideologías de izquierda en este ministerio ha tenido consecuencias negativas para el Perú, como en la década de 1970 durante la dictadura socialista del general Juan Velasco Alvarado. Al fracasar el proyecto político de Velasco tras un golpe militar de derecha, los sectores de la izquierda política del país se radicalizaron hasta llegar al enfrentamiento armado en 1980. Durante la gestión de Pedro Castillo la situación de la Seguridad Ciudadana se reflejó en la inestabilidad política que caracterizó a esta gestión en este ministerio: Siete ministros en dieciséis meses de gobierno.

Institucionalmente, la Policía peruana entró en crisis durante el primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) cuando se decidió unificar a la Guardia Civil, la Guardia Republicana y a la Policía Investigaciones del Perú PIP, en una nueva institución: la Policía Nacional del Perú PNP. Desde ese entonces Policía no cuenta con investigaciones. No se hace investigación. Todas las policías del mundo se especializan dividiéndose en preventiva e investigaciones. Son más de tres décadas de labor policial -desde que se disolvió la PIP Policía de Investigaciones del Perú- sin especialización en investigaciones, lo que ha sido una mala experiencia para el país, tiene que haber prevención e investigaciones, como en todas las policías del mundo.

Antes estas razones, políticas como operativas, la Policía debe ser refundada. Sin embargo, la Policía deberá refundarse por sí misma, porque no puede haber injerencia de la sociedad en la Policía.

2.-Contexto Externo.

La crisis política en el Perú no termina con Dina Boluarte. Tampoco se puede dar por terminado el proceso de polarización social en el Perú con la caída del gobierno de Pedro Castillo. Existe una presión externa por parte de los gobiernos de izquierda en América Latina para que Pedro Castillo retorne y sea restituido en el poder, algo sin precedentes ni antecedentes jurídicos en la democracia.

Tras la caída de Pedro Castillo, la Cancillería peruana así como el Ministerio de Relaciones Exteriores han tenido un intercambio de declaraciones y acciones diplomáticas con sus pares de México y Colombia principalmente, debido a las constantes declaraciones e injerencias de sus respectivos presidentes, Manuel López Obrador, y Gustavo Petro, abiertamente favorables a Pedro Castillo, pero al mismo tiempo desconociendo y deslegitimando al gobierno de Dina Boluarte en los momentos más violentos de las protestas sociales que tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

Pero los gobiernos de México y Colombia no fueron los únicos que interfirieron en los asuntos internos del Perú. El gobierno del presidente Boric de Chile también se pronunció en contra de la institucionalidad del gobierno de Dina Boluarte.

Pero la injerencia extranjera más peligrosa para el Perú provino de Bolivia: El activismo político de Evo Morales y del nacionalismo aimara en el Perú agudizaron la crisis en el sur peruano: Ayacucho, Cusco y Puno pasaron de las protestas y reclamos sociales a la violencia de características de reivindicación étnica y ancestral con los antepasados quechuas y aimaras. Del mismo modo, en el Perú se descubrió un plan separatista que implica la escisión del sur peruano y la fundación de una nueva república independiente con el reconocimiento de los gobiernos de México, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua y demás países con gobiernos de ideología de izquierda.

El Perú ha quedado atrapado entre los dos frentes con los que la izquierda intenta llegar nuevamente al poder: el frente interno por medio de protestas sociales y el frente externo por medio de la presión ejercida por los gobiernos latinoamericanos de izquierda. Recordemos que Pedro Castillo llega al poder en medio de una crisis originada en la estructura misma del sistema político democrático en el Perú, crisis que también se extiende a otras repúblicas como Colombia, Argentina, México, Venezuela, etc., la crisis es del sistema político internacional. Es en este contexto en el que la izquierda encuentra la oportunidad de llegar al poder no sólo en Perú, sino en Brasil, Chile, Nicaragua, etc.

Pero en el Perú, a diferencia que, en otros países de la región, existe la experiencia histórica en la sociedad peruana de cerrar filas y hacer unidad frente al denominado enemigo interno, que en los años 1980 y 1990 fueron las organizaciones terroristas comunistas Sendero Luminoso y el MRTA. Esta experiencia y memoria de la Nación peruana frente a la amenaza del terrorismo comunista, permitió que durante el gobierno de Pedro Castillo se haya visibilizado el peligro de la izquierda, identificado por la sociedad peruana en Pedro Castillo, su gobierno, la caída de su régimen y las consecuencias sociales negativas que genera además de haberse hecho notoria su relación con Movadef y Sendero Luminoso. En consecuencia, la institucionalidad de los poderes del Estado se fortalece a la vez que se incrementan las medidas de coacción y de represión. Esta identificación y aislamiento por parte de la sociedad del denominado “peligro de la izquierda” tal como lo hace la sociedad peruana no se ha visto en otros países hoy gobernados por la izquierda como Chile, Venezuela, México, etc. Este dato deja entender el grado de polarización política que vive la población peruana.

CONCLUSION. -

El Perú parece ir a la deriva en medio de la crisis política interna. Sin embargo, la oposición de la sociedad civil peruana a la izquierda, a los “cavares” y a sus poderosas Ong, sumado a la injerencia de los gobiernos de otros países en asuntos internos, parece marcar una dirección después de la salida de Pedro Castillo. Para acabar con este círculo vicioso que ha venido favoreciendo a la izquierda, se debe atender las necesidades básicas de la mayor parte de la población que no tiene acceso al sistema financiero, al sistema de salud, a la educación, empleo, vivienda, etc. De esta forma la izquierda no contará con un sector de la población inconforme y dispuesto a la protesta.

Sin embargo, la corrupción y la judicialización de la política no hacen posible esta importante tarea. Mientras tanto se siguen corroyendo las bases de la legitimidad de la institucionalidad democrática. El caso de Pedro Castillo deberá marcar un antes y después en la crisis. Después de Pedro Castillo y su fallido intento de golpe de estado, ¿qué se puede esperar de la institucionalidad de la Presidencia de la República en el Perú?

Finalmente, nos queda muy claro que tanto el Ejecutivo como el Legislativo no tienen la menor intención de irse hasta el 2026, a ambos le queda claro que se necesitan el uno del otro para llegar a su objetivo.

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

www.aprosec.org

Cel.:999316197 / 998160756

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