Opiniones
Franja informativa: La estética del buen gobierno
Por Cesar Ortiz Anderson
El Gobierno busca maquillar la realidad y esconder las verdaderas cifras de la violencia y la inseguridad ciudadana que se siguen disparando sin que ninguna política ni medida adoptada por este régimen las pueda detener. La franja informativa propuesta por el Gobierno a los medios de comunicación podría ser en las preferencias de la ciudadanía peruana, una nueva estética del buen gobierno que busca perpetuarlo en el poder y ante lo cual hay que estar muy atentos en cuidado de la Democracia.
En cuanto a que si la franja informativa de carácter obligatorio que el Gobierno busca imponer en los medios de comunicación tuviese un aspecto positivo y útil, se apela al fin del bienestar común en la lucha contra el enemigo pública número uno del momento, la delincuencia. Sin embargo, este Gobierno, inepto y corrupto, que ha fracasado una y otra vez en el intento de detener el avance de la violencia y del crimen, cambiando constantemente de Ministro del Interior, y declarando el Estado de Emergencia infructuosamente, no tiene ni merece la confianza de la ciudadanía para utilizar los medios de forma no democrática como pretende. Además este régimen está relacionado con personajes al margen de la Ley, buscados por la justicia y en clandestinidad. Recordemos que el gobierno de Pedro Castillo y el gobierno de Dina Boluarte son parte de un mismo régimen y periodo de gobierno.
Antecedentes de intentos de control de los medios de comunicación
La franja informativa de carácter obligatorio podría ser el inicio de una serie de políticas anti democráticas con la finalidad de perpetuar el régimen en el poder. Aquí los más recientes antecedentes:
Nicaragua: El gobierno de Daniel Ortega ha adoptado diversas acciones que limitan la libertad de expresión y aumentan el control sobre los medios. Ley General de Telecomunicaciones Convergentes (noviembre de 2024): Esta legislación otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) la facultad de exigir licencias a canales locales y creadores de contenido en línea, con el objetivo de controlar los contenidos televisivos e Internet. Opositores y periodistas han denunciado que esta ley intensifica la represión y el espionaje digital en el país.
Reformas constitucionales (enero de 2025): Estas reformas consolidaron el poder de Ortega al ampliar el control presidencial sobre el poder judicial y legislativo, y redefinieron el rol de la vicepresidencia, ocupada por Rosario Murillo, esposa de Ortega, como "copresidenta". Además, extendieron el mandato presidencial a seis años y permitieron la reelección indefinida.
Venezuela: El régimen de Nicolás Maduro ha intensificado la censura y el control sobre los medios de comunicación. Allanamiento y cierre de medios independientes (enero de 2021): Funcionarios del gobierno allanaron las sedes del canal independiente VPItv en Caracas, incautando equipos de transmisión, cámaras y computadoras. Además, se clausuró la sede del diario Panorama en Maracaibo. Estas acciones fueron vistas como un intento de silenciar a los medios críticos con el gobierno.
Censura de eventos políticos (octubre de 2023): La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó a medios de televisión y radio no cubrir las elecciones primarias de la oposición, limitando la difusión de información sobre el proceso electora
La ciudadanía y los medios de comunicación en su conjunto no aprueban la franja informativa del Gobierno. La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática y se encuentra consagrado en la Constitución Política del Perú y en tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, cuando un gobierno intenta imponer criterio y parámetros a la programación televisiva, surgen serios cuestionamientos sobre el respeto a este derecho.
Cuando un gobierno busca imponer una línea editorial en la programación televisiva, ya sea a través de leyes, regulaciones o presiones indirectas, se generan preocupaciones sobre la violación del derecho a la libertad de expresión. En el Perú, la regulación de los contenidos televisivos está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), pero sus funciones no deben afectar la independencia editorial de los medios. El Decreto Legislativo N.° 1044 sobre publicidad engañosa y la Ley de Radio y Televisión (Ley N.° 28278) establecen que la programación debe respetar principios éticos, pero sin permitir la censura gubernamental.
El intento de un gobierno de imponer contenidos en la programación televisiva representa una amenaza para la libertad de expresión en el Perú. La Constitución, la legislación nacional y los tratados internacionales garantizan la autonomía de los medios de comunicación y prohíben cualquier tipo de censura previa. Es crucial que la sociedad y las instituciones democráticas se mantengan vigilantes ante cualquier intento de limitar la pluralidad informativa, pues una prensa libre es esencial para la consolidación de una democracia sólida.
El caso Qali Warma
El tema de Qali Warma hoy Wasi Mikuna, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria, no tiene cuando acabar. Esta vez encontraron pelos en las latas donde comen los escolares de bajo recursos, este inepto y corrupto Gobierno, luego del escándalo de Corrupción que le costó el puesto al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes, en un caso de corrupción, donde incluso un empresario terminó muerto, caso que continúa en investigación, como tantos otros que vienen quedando postergados. Por ello en Aprosec señalamos que el Perú es el país donde no pasa nada, salvo la Corrupción con impunidad.
Finalmente, que el Gobierno quiera que se informe de las acciones de seguridad ciudadana, mediante una franja informativa, muestra de cuerpo entero a este régimen: Una propuesta totalmente absurda en Democracia cuando las cifras de son de terror. Más de cinco millones de ciudadanos han sido extorsionador en el país, luego de haber recibido un mensaje o llamada extorsiva, según el segundo reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, de esta cantidad el 27% sucedió en la capital. Entre las Regiones más afectadas figuran las provincias liberteñas de Trujillo, Pataz y Virú, ello a pesar de estar en estado de emergencia, el mismo estudio señala que los sectores B, C y D son los más vulnerables. La mayoría de las víctimas trabajan en transporte público, dueños de bodegas, vendedores y emprendedores. Esta es la realidad que el Gobierno pretender maquillar a través de la franja informativa obligatoria. Ni la ciudadanía ni los medios de comunicación se prestarán a ese juego.
César ORTIZ ANDERSON
Presidente de APROSEC
Cel.:999316197 / 998160756
Fan Page: Aprosec-PERU
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