El Triángulo de la crisis en el Perú: Inestabilidad política, corrupción e inseguridad ciudadana

Por Cesar Ortiz Andreson

El Perú, tierra de riquezas culturales y naturales, se enfrenta a una profunda crisis que amenaza su estabilidad y desarrollo. La interconexión entre la inestabilidad política, la corrupción arraigada en el estado y la creciente inseguridad ciudadana ha creado un triángulo letal que socava los cimientos de la sociedad peruana.

En este artículo, desde la perspectiva de APROSEC, exploraremos cómo estos problemas se entrelazan y perpetúan, afectando negativamente la calidad de vida de millones de peruanos y comprometiendo el futuro del país.

La relación entre el estado, gobernabilidad, inestabilidad política y  seguridad ciudadana es intrínseca y recíproca. Una gobernabilidad efectiva contribuye a la promoción de la seguridad ciudadana, mientras que la seguridad ciudadana es esencial para el mantenimiento de la estabilidad política y social, así como para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es decir, la capacidad del estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos es un indicador clave de su legitimidad y eficacia en el ejercicio del poder. 

DATO

El mandato presidencial en Perú es de cinco años, pero en los últimos tiempos el país vive sumido en una crisis política permanente que se ha caracterizado por la inestabilidad en el cargo. Si en los 16 primeros años del siglo XXI hubo cinco presidentes distintos (con Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala completando su periodo), en los ocho años siguientes, desde 2016 a 2024, ha habido seis. Y pueden ser más porque el futuro de Dina Boluarte pende de un hilo por el caso Rolex.

De los 12 presidentes que han gobernado el Perú en lo que va del siglo XXI, es decir, sin contar a Remigio Morales Bermúdez (1974-1980) y Alberto Fujimori (1990-2001), 11 de ellos han tenido problemas con la justicia, han sido investigados, acusados, o llevados a prisión. 

Lamentablemente, la corrupción en el Estado Peruano ha incidido directamente en la pérdida de legitimidad y de eficacia en el ejercicio del poder de sus autoridades, al mismo tiempo que se incrementa la delincuencia y se socava la democracia.

Exgobernadores regionales sentenciados, procesados o bajo investigación en Perú

Fuente: Gestión 

1. César Alvarez. Exgobernador regional de Ancash (2007-2014), condenado a 8 años y 3 meses de prisión por la adjudicación de la carretera Chacas-San Luis a la empresa Odebrecht. Fue la primera sentencia emitida en el Perú por el caso Lava Jato.
2. Félix Moreno. El exgobernador del Callao fue sentenciado en enero a 5 años de cárcel por la venta ilegal de terrenos en el fundo Oquendo; desde entonces se encuentra prófugo. Además es investigado por la adjudicación de la obra Costa Verde del Callao a Odebrecht.
3. El exgobernador regional de Cusco cumple prisión preventiva en el penal de Ancón por presuntamente haber recibido un soborno de S/ 3 millones de la empresa Odebrecht para favorecerla en la adjudicación de la obra Vía de Evitamiento del Cusco.
4. Gregorio Santos. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exgobernador de Cajamarca por presuntamente haber recibido coimas por un total de S/ 1’237,000 y US$ 67,804. Cumplió prisión preventiva desde julio del 2014 hasta julio del 2016 y fue candidato a la presidencia durante ese periodo.
5. Klever Meléndez. El prófugo exgobernador regional de Pasco fue sentenciado a 15 años y ocho meses de prisión por los delitos de cohecho y colusión agravada. El programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece S/ 50,000 a quien informe de su paradero.
6. Gerardo Viñas. El exgobernador regional de Tumbes recibió, en marzo del 2019, una condena de 11 años de prisión por el delito de lavado de activos. Fue capturado en Ecuador en junio del 2016 tras permanecer prófugo durante 2 años.
7. Javier Atkins. Fue sentenciado recientemente a 4 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, por contratar a la empresa de un familiar durante su gestión como gobernador regional de Piura (2011-2014).
8. Wilfredo Oscorima. El exgobernador regional de Ayacucho fue sentenciado en el 2015 a 5 años de prisión efectiva por efectuar compras irregulares por S/ 20 millones durante su gestión. Entró a la clandestinidad y fue capturado en marzo del 2016.
9. Alex Kouri. En junio del 2016, el exgobernador regional de Callao fue sentenciado a 5 años de prisión por el delito de colusión agravada, por la construcción de la llamada Vía Expresa del Callao o caso Convial.
10. Edwin Licona. En julio del 2019, el Poder Judicial dictó 8 meses de prisión preventiva contra el exgobernador regional de Cusco (2014-2018) por la adjudicación irregular de obras de descolmatación de ríos.
11. Elias Segovia. La Fiscalía solicita 10 años de cárcel para el exgobernador regional de Apurímac por los delitos de malversación y falsedad genérica. Se encuentra con prisión preventiva desde noviembre del 2017 y estuvo incluido en el Programa de Recompensas.
12. Yván Vasquez. El exgobernador regional de Loreto (2007-2014) afronta una serie de procesos por delitos de corrupción. Fue condenado a 6 años de cárcel en diciembre del 2016, pero cinco meses después se declaró nulo el proceso y quedó en libertad.
13. Luis Aguirre. En enero del 2018, el exgobernador de Madre de Dios fue condenado a 8 años de cárcel por adjudicar licitaciones de manera indebida a personas de su entorno.
14. Waldo Ríos. El exgobernador regional de Ancash fue condenado a 5 años de cárcel en el 2016 por colusión desleal. También tiene una sentencia de un año de pena efectiva por inducción al voto, por su promesa de S/ 500 por familia durante la campaña del 2014.
15. Vladimir Cerrón. El hasta hace poco gobernador de Junín fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión por irregularidades en la entrega de una obra de saneamiento en La Oroya durante su primera gestión. Fue suspendido por el Consejo Regional y días después se entregó a la justicia.
16. Walter Aduviri. El aún gobernador de Puno fue condenado a 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad por el “Aymarazo”, violenta protesta que lideró en el 2011. Se mantuvo prófugo y fue capturado el 25 de agosto. El Consejo Regional deberá debatir ahora su suspensión del cargo.
17. César Villanueva. El congresista y expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Martín Vizcarra, es sindicado por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, de recibir dos pagos de US$ 30 mil por la construcción de la carretera San José de Sisa cuando fue gobernador regional de San Martín. El caso está en proceso de investigación. 

RELACIÓN ENTRE LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ

La relación entre la corrupción en el estado y la seguridad ciudadana en el Perú es un tema de gran relevancia y complejidad.

La corrupción en el Estado Peruano ha sido un problema persistente que ha afectado negativamente tanto la seguridad ciudadana como la confianza en las instituciones gubernamentales. La corrupción debilita la capacidad del estado para garantizar la seguridad ciudadana al socavar la efectividad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y administrar la justicia. La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos da lugar a la desviación de fondos destinados a la seguridad ciudadana, lo que limita la capacidad del estado para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos.

Además, la corrupción en el Estado Peruano alimenta  la impunidad y la ineficacia en la persecución de delitos, lo que socava la confianza de la ciudadanía en las autoridades y en el sistema de justicia. La percepción de que los funcionarios corruptos están por encima de la ley genera un clima de desconfianza y descontento entre la población, lo que afecta negativamente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. En APROSEC opinamos que la corrupción facilita la proliferación de actividades criminales, como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero, lo que representa una amenaza adicional para la seguridad ciudadana en el Perú.

DATO

Al término del periodo 2019-2022, siete gobernadores regionales terminaron presos por casos de corrupción. Una cifra elevada, considerando que son 26 las autoridades regionales en el Perú, es decir, casi un tercio de ellos fueron encarcelados por su mala gestión.

La corrupción en el Estado Peruano tiene un impacto significativo en la seguridad ciudadana al debilitar las instituciones encargadas de garantizar la ley y el orden, socavar la confianza en el sistema de justicia y promover la impunidad y la ineficacia en la persecución de delitos. La lucha contra la corrupción es fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana y promover el desarrollo sostenible en el Perú, así como para restaurar la confianza de la población en las instituciones democráticas y en el estado de derecho.

DATO

Un informe de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción señala que 2.059 autoridades y exautoridades, provenientes de todas las regiones, habrían incurrido en actos de corrupción durante sus gestiones como gobernadores o alcaldes. En detalle, fueron 57 gobernadores regionales procesados o sentenciados por este tipo de delitos y 2.002 alcaldes (344 provinciales y 1.658 distritales).

INESTABILIDAD POLITICA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU

La inestabilidad política, a su vez, genera un impacto negativo en la seguridad ciudadana al debilitar la capacidad del estado para hacer cumplir la ley y mantener el orden público. Los períodos de crisis política y cambio de gobierno generan vacíos de poder y debilitar las instituciones gubernamentales, lo que es aprovechado por grupos criminales y organizaciones delictivas para expandir sus operaciones y aumentar la violencia y la inseguridad en la sociedad.

DATO

En los últimos 20 años, 18 alcaldes distritales limeños fueron vacados y suspendidos por faltas o delitos. La inestabilidad y la corrupción afectaron a 12 distritos de la capital. Carabayllo, Punta Negra y Villa María del Triunfo tuvieron más autoridades removidas. Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) colocó a cinco alcaldes suspendidos y vacados, acusados de delitos o crimen organizado.

Fuente: El Comercio 

La corrupción en el estado, la inestabilidad política y la falta de seguridad ciudadana están interconectadas y se refuerzan mutuamente en un ciclo vicioso. La lucha contra la corrupción y la promoción de una gobernanza transparente y eficaz son fundamentales para fortalecer la estabilidad política y la seguridad ciudadana en el Perú. Esto requiere medidas integrales que aborden tanto las causas estructurales de la corrupción como las deficiencias en las instituciones democráticas y el estado de derecho, así como un compromiso firme por parte de las autoridades y la sociedad civil para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia.

DATO

En tan solo seis años, Perú ha visto gobernar a seis presidentes. El último en completar el tiempo de mandato previsto de 5 años fue Ollanta Humala, de 2011 a 2016. De los últimos seis presidentes, solo dos llegaron a su cargo por elecciones; los otros cuatro, por sucesión constitucional. 

LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO PERUANO: UN CALDO DE CULTIVO PARA LA DELINCUENCIA: IMPACTO NEGATIVO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

La corrupción en el Estado Peruano ha sido durante mucho tiempo una sombra oscura que se cierne sobre la sociedad, minando la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y socavando los pilares de la democracia. Pero su impacto va más allá de los escándalos políticos y los titulares sensacionalistas. La corrupción en el Estado Peruano no solo roba recursos y oportunidades al pueblo, sino que también contribuye directamente a la proliferación de la delincuencia en todas sus formas.

MINERÍA ILEGAL

Siendo la minería la principal actividad económica del Perú, la minería ilegal es la actividad criminal más rentable  y una de las más importantes fuentes de corrupción en el estado.

Guillermo Shinno, gerente general de Minera Apumayo y exviceministro de Minas, advirtió que la minería ilegal ha comenzado a operar con la criminalidad organizada y es necesario hacer un trabajo para diferenciarla de la minería informal. Informó que la minería ilegal factura alrededor de 3 mil millones de dólares.

“En los últimos años hemos visto que la minería ilegal se está asociando con bandas criminales. El caso de la minería ilegal, como hemos visto recientemente en Pataz, ya se trata de bandas organizadas o unas bandas criminales que no tienen el menor reparo de tomar vidas humanas con tal de conseguir sus objetivos económicos”, dijo a través de Red de Comunicación Regional.

Remarcó que la minería ilegal factura más o menos 3 mil millones de dólares. Se habla que es un tercio de la producción nacional y que trabaja bajo esas condiciones de no pagar impuestos, a los trabajadores no les dan condiciones de salubridad, no se pagan AFP, no se paga seguro y una serie de cosas”, expresó. (RCR)

El Ministerio Público tiene más de 7.200 investigaciones a nivel nacional por el delito de minería ilegal, desde el año 2019 hasta fines de 2023, reveló el fiscal Federico Chavarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). “De los 7,200 casos que tenemos, por lo menos un 40% se encuentran judicializados. Es decir, algunos se encuentran en etapa de investigación preparatoria, y otros, en etapa de juzgamiento”, comentó. (El Comercio) 

La corrupción en el Estado Peruano crea un entorno propicio para la delincuencia al debilitar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y administrar la justicia. Los funcionarios corruptos que desvían fondos públicos y otorgan favores indebidos a cambio de sobornos crean una cultura de impunidad que permite que la delincuencia florezca. La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos facilita la corrupción y permite que los delincuentes se aprovechen de las debilidades del sistema para enriquecerse ilícitamente.

La corrupción en el Estado Peruano tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana al debilitar la capacidad del estado para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos. Los recursos que podrían destinarse a programas de prevención del delito, fortalecimiento del sistema de justicia y protección de las comunidades se desvían hacia intereses privados, dejando a la población desprotegida y vulnerable ante la delincuencia. La falta de recursos, personal capacitado y equipos adecuados en las fuerzas del orden y el sistema judicial dificulta la persecución efectiva de los delitos y contribuye a la sensación de impunidad que alimenta la delincuencia.

La corrupción en el Estado Peruano es mucho más que un problema de ética o transparencia; es un factor clave que alimenta la delincuencia y socava la seguridad y el bienestar de la sociedad peruana. Combatir la corrupción no solo es una cuestión de justicia y moralidad, sino también una necesidad urgente para proteger a los ciudadanos y fortalecer las instituciones democráticas del país. Se necesitan medidas integrales que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, así como el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la impunidad. Solo a través del compromiso y la cooperación de todos los sectores de la sociedad peruana, podremos construir un futuro más seguro y justo para todos.

Finalmente, en el Perú, el mensaje de APROSEC para todos y los políticos en particular, es que nadie está por encima de la Ley y más temprano que tarde, los corruptos irán a prisión.

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

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Cel.:999316197 / 998160756

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