Opiniones

Se instaló la anomia social en el Perú

Por Cesar Ortiz Anderson

El concepto de anomia social, desarrollado por el sociólogo Émile Durkheim, se refiere a un estado de desorganización o debilitamiento de las normas sociales, en el que las instituciones pierden su capacidad de regular el comportamiento de las personas. Robert K. Merton amplió este concepto al señalar que la anomia surge cuando existe una disonancia entre los objetivos sociales y los medios institucionales legítimos para alcanzarlos, generando frustración y conductas desviadas.

Luego de una serie de asesinatos selectivos a empresarios transportistas por parte de bandas de extorsionadores, en octubre las empresas privadas de transporte público de Lima Metropolitana decidieron entrar en huelga, paralizando la ciudad capital durante cuatro jornadas. El Gobierno respondió con una declaración de Estado de Emergencia en varios distritos de Lima. Sin embargo la respuesta del crimen organizado fue contundente, más aún luego que el Congreso de la República no hubo derogado la Ley del Crimen Organizado, que desde el punto de vista de penalistas y constitucionalistas, además de la opinión pública, favorece abiertamente a la delincuencia. Asimismo, el Congreso desestimó la aprobación del Proyecto de Ley de Terrorismo Urbano. Todo en menos de una semana: Luego de la declaración del Estado de Emergencia, el lunes de la quincena de octubre, fue asesinado un maestro de escuela en la puerta de su Institución Educativa y delante de sus alumnos. Fueron encontrados en una fosa común los restos óseos de 14 mineros, como resultado del enfrentamiento entre mineros ilegales. Asimismo, un policía fue asesinado en Barrios Altos, Cercado de Lima. Continuaron los ataques a balazos contra los buses de transporte público en plena vía, hiriendo indiscriminadamente a choferes y pasajeros. En medio de este fracaso, el Ministro del Interior apareció de pronto en todos los medios de comunicación anunciando la importante captura de un alto mando de Sendero Luminoso: Horas después, la importante captura fue desmentida porque el presunto alto mando senderista era el hermano y no el verdadero cabecilla de Sendero Luminoso. Se trató de un grave error político del Ministro del Interior, José Santibáñez, que evidencia el grado de descoordinación y desencuentro entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, encargada de dar noticia al país cada vez que se captura a un líder terrorista. Así quedó demostrado el desconocimiento e ignorancia en el campo del actual Ministro.

Anomia en la Policía y el Sistema de Justicia

Desde Aprosec utilizamos el concepto sociológico de “anomia social” para intentar explicar la grave situación a la que ha llegado la Seguridad Ciudadana en nuestro país luego del incremento de las extorsiones y los asesinatos luego de la declaración del Estado de Emergencia en varios distritos de la ciudad de Lima Metropolitana. Pero no se trata sólo del fracaso de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el actual Gobierno en la lucha contra la delincuencia. La anomia social se extiende al interior de las instituciones encargadas del Sistema de Justicia: Ministerio de Justicia, Fiscalía, Ministerio Público. Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía evidencian un grave desorden en su organización interna, tal como lo podemos ver diariamente en los noticieros en los diferentes casos de corrupción e implicancia de algunos de sus miembros en escándalos de corrupción y situaciones que se encuentran fuera de lugar para estas instituciones en medio del contexto en el que nos encontramos, como por ejemplo es el caso del recientemente concurso celebrado denominado “Miss Policía”, con la participación de un grupo seleccionado de personal femenino de la Policía y del alto mando policial. Del mismo modo podemos citar los casos de fiscales implicados en investigaciones por corrupción: Pedro Chávarry, César Hinostroza, Patricia Benavides, Marita Barreto, Domingo Pérez, etc. La falta de resultados en la búsqueda y captura del prófugo Vladimir Cerrón, personaje político vinculado al actual Gobierno, también contribuye a este contexto de anomia social en las instituciones encargadas de salvaguardar el orden.

De este modo, cuando la anomia afecta a instituciones encargadas del orden social, como la Policía y el Sistema de Justicia, se produce una crisis de legitimidad y confianza. En contextos donde la corrupción, la impunidad y el abuso de poder son comunes, estas instituciones pierden su autoridad moral y operativa. Esto genera desobediencia ciudadana, violencia urbana y una creciente percepción de inseguridad, pues las personas dejan de ver en ellas un referente confiable para resolver conflictos o proteger sus derechos. Esto lo podemos ver en los casos de pérdida del principio autoridad, como la reciente agresión a un escuadrón del Grupo Terna de la Policía Nacional al intervenir un inmueble donde se micro comercializaba drogas.

Un ejemplo claro de anomia en la Policía se da cuando los agentes priorizan intereses personales o se involucran en actos delictivos, como el tráfico de influencias o la corrupción interna. En paralelo, el sistema judicial se ve afectado por procesos lentos, politización de las decisiones y falta de sanciones claras, lo que alimenta la sensación de impunidad y socava la confianza ciudadana.

Medidas a adoptar para revertir esta situación

La anomia en estas instituciones agrava los problemas de inseguridad y dificulta la construcción de un estado de derecho sólido. La desconfianza en la policía y la justicia lleva a que las personas busquen soluciones informales o ilegales, como la justicia por mano propia, alimentando un ciclo de violencia y caos social.

Para revertir esta situación, es fundamental implementar reformas profundas que fortalezcan la transparencia, la capacitación del personal, y la independencia de las instituciones, promoviendo al mismo tiempo una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas. Solo así se podrá restaurar la legitimidad y reconstruir la cohesión social necesaria para el correcto funcionamiento del orden público.

Mapa delictivo actualizado por distritos

Un mapa delictivo actualizado es una herramienta de geolocalización que registra los delitos ocurridos en un territorio específico, identificando patrones de criminalidad en tiempo real por zonas o distritos. En ciudades como Lima, con 52 distritos y una alta diversidad socioeconómica, este tipo de mapa permite visualizar las áreas más vulnerables a diferentes tipos de delitos, como robos, homicidios, asaltos o violencia doméstica.

¿Cómo se Utiliza el Mapa Delictivo?

Este mapa recopila información a través de denuncias ciudadanas, reportes policiales y cámaras de vigilancia, ubicando los delitos en el espacio y el tiempo. Las autoridades de seguridad y los gobiernos locales utilizan estos datos para tomar decisiones estratégicas, como la distribución eficiente del personal policial, patrullajes focalizados y la instalación de cámaras de seguridad en puntos críticos.

Combatiendo la Inseguridad en una Ciudad como Lima

En Lima, con su compleja realidad distrital, los mapas delictivos permiten:

Patrullaje inteligente: Concentrar operativos en las zonas de mayor incidencia delictiva, como mercados o paraderos peligrosos.
Prevención localizada: Identificar los horarios y tipos de delitos más frecuentes para diseñar campañas de prevención en colegios o comunidades.
Coordinación distrital: Facilitar la cooperación entre municipios y la Policía Nacional, alineando esfuerzos de seguridad en zonas limítrofes entre distritos.

El uso adecuado de un mapa delictivo permite una respuesta más rápida y eficiente frente al crimen, optimizando los recursos disponibles y generando confianza en la población, que ve resultados tangibles en la mejora de la seguridad urbana.

El caso de Colombia: La prohibición de dos pasajeros en las motos lineales

Colombia ha enfrentado durante décadas graves problemas de inseguridad, como el sicariato, narcotráfico, y violencia urbana, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Las autoridades han implementado diversas estrategias para reducir el crimen, combinando esfuerzos policiales, reformas legislativas y medidas de control urbano. Una de las iniciativas más destacadas ha sido la prohibición de dos pasajeros en motocicletas, una medida diseñada para combatir el sicariato, ya que este método era frecuentemente utilizado por los delincuentes para ejecutar asesinatos.

La Prohibición de Dos Pasajeros: Medida para Frenar el Sicariato

El sicariato, o asesinato por encargo, se volvió común en Colombia desde finales del siglo XX. Las motocicletas se convirtieron en una herramienta preferida por los sicarios debido a su movilidad rápida en el tráfico y la facilidad para escapar sin ser detectados. Para hacer frente a este fenómeno, varias ciudades del país implementaron la prohibición de llevar acompañantes en motocicletas durante ciertos horarios o en zonas específicas. Medellín, en particular, fue pionera en esta política.

Objetivo: Desincentivar los asesinatos por encargo, dificultando que los sicarios actúen en pareja, dado que normalmente uno conduce y el otro ejecuta el delito.
Restricción: Se prohibió la circulación de motos con dos personas en áreas y horarios de alta incidencia delictiva, sobre todo durante la noche.
Excepciones: La medida excluía ciertos casos, como familiares, mujeres o personas que utilizaran motocicletas como transporte cotidiano para trabajar.

Impacto y Resultados

La prohibición tuvo resultados mixtos. En algunas ciudades se observó una reducción en los homicidios y delitos cometidos con motocicletas, lo que motivó que otras localidades adoptaran la medida de forma similar. Sin embargo, hubo resistencia por parte de la ciudadanía que utilizaba la moto como principal medio de transporte, argumentando que la restricción perjudicaba a los trabajadores y no atacaba la raíz del problema.

Buzones anónimos: Denuncia ciudadana

Las denuncias ciudadanas anónimas se han consolidado como un mecanismo clave en la lucha contra la inseguridad, permitiendo que los ciudadanos reporten delitos sin temor a represalias. Esta herramienta es fundamental en contextos donde el crimen organizado, el narcotráfico, o el miedo a las represalias limitan la capacidad de las víctimas o testigos de cooperar abiertamente con las autoridades.

¿Cómo Funcionan las Denuncias Anónimas?

El sistema de denuncias anónimas ofrece canales seguros para que cualquier ciudadano pueda informar sobre delitos o situaciones sospechosas. Los reportes se reciben por medio de:

Líneas telefónicas gratuitas (como las líneas de emergencia).
Aplicaciones móviles de seguridad ciudadana.
Portales web de las instituciones policiales o municipales.
Buzones físicos en comisarías o lugares públicos.

El anonimato se garantiza mediante la eliminación de la identidad del denunciante, evitando cualquier tipo de represalia o intimidación por parte de los delincuentes.

Impacto en la Seguridad Ciudadana

Identificación de zonas críticas: Las denuncias ciudadanas ayudan a las autoridades a identificar patrones delictivos y ubicar las áreas de mayor incidencia criminal. Esto permite enfocar recursos de manera más estratégica.
Recolección de pruebas: Los reportes anónimos brindan información relevante para investigaciones en curso, especialmente en casos de extorsión, venta de drogas, o violencia.
Fortalecimiento de la confianza entre ciudadanos y autoridades: Este tipo de denuncias mejora la percepción de seguridad y fomenta una participación activa de la comunidad en la prevención del delito.

Casos de Éxito y Desafíos

En países como México y Colombia, las denuncias anónimas han sido utilizadas con éxito para desmantelar bandas criminales y combatir delitos graves como el narcotráfico y el secuestro. Sin embargo, su implementación también enfrenta desafíos:

Falsas denuncias: Algunos ciudadanos pueden usar este recurso para perjudicar a terceros, desviando la atención de las autoridades.
Limitaciones en la respuesta policial: Sin pruebas sólidas, las denuncias no siempre resultan en investigaciones efectivas.
Desconfianza en las instituciones: En algunos contextos, el temor a la corrupción policial puede desalentar a los ciudadanos de utilizar estos canales.

Las denuncias anónimas son una herramienta valiosa para combatir la inseguridad, especialmente en ciudades con altos índices de criminalidad. Sin embargo, su efectividad depende de la capacidad de las autoridades para gestionar los reportes de forma transparente y rápida, además de garantizar la protección del denunciante. En combinación con otras estrategias como la vigilancia comunitaria y el uso de tecnología, las denuncias anónimas representan un pilar fundamental en la construcción de una seguridad ciudadana sostenible.

Finalmente, la grave situación en la que se encuentra la Seguridad Ciudadana en el Perú no podrá solucionarse en el corto plazo, o al menos no habrá cambios significativos durante el actual Gobierno. Lo ideal sería la reforma policial pero tal no puede ser con este gobierno. Debemos recordar que la gestión de la presidenta Dina Boluarte es la continuación de la misma gestión de Pedro Castillo, y en sí constituye el periodo gubernamental que peor ha manejado la Seguridad Ciudadana en el Perú en las últimas décadas politizando la Policía Nacional y la seguridad interna, subordinándolas a sus fines políticos y partidarios, contribuyendo a configurar este contexto de anomia social.

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

www.aprosec.org

Cel.:999316197 / 998160756

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